Más allá de Ayotzinapa: deshumanización de lo político y los archipiélagos subversivos

Buscar, buscando la luz
Del lado de la noche, del lado del olvido
¿Cuántos siglos han pasado?
¿Cuánto dolor olvidado?

¿Importa la muerte, si la vida no es vida?
¿Importa la vida, si la muerte es la vida?

—Santa Sabina, Olvido

Nos faltan 43.

Nos faltan 43. Marcha “Una luz por Ayotzinapa”, 23/10/2014, Ciudad de México.

Se ha cumplido un mes del ataque —ocurrido en Iguala, Guerrero— contra estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” ubicada en Ayotzinapa, municipio de Tixtla. En él fallecieron 6 personas (tres estudiantes, dos jugadores del equipo de fútbol Avispones de Chilpancingo, y una mujer que viajaba en un taxi, éstos últimos víctimas de las que no se habla), hirieron a 25 estudiantes y desaparecieron forzadamente a 57 estudiantes normalistas —43 de ellos aún sin aparecer—. Más que tener respuestas o soluciones, nos encontramos con preguntas cada vez más dolorosas, y que cada día exponen heridas que nos dañan como país. Esta situación, cómo mencioné en mi entrada anterior, es parte de un largo proceso de violencia; no sólo en Guerrero, sino en todo el país. Es también una muestra más de la crisis de sentido que atravesamos; sin poder definirnos y sin poder tomar un rumbo que nos permita vivir plenamente.

La actitud de las autoridades en los tres órdenes de gobierno sólo hace más grande esta (vieja) nueva herida llamada Ayotzinapa: por un lado el presidente municipal que huye pidiendo licencia, y cuya esposa —de acuerdo con reportes oficiales— tiene lazos consanguíneos con lugartenientes y operadores del cártel Guerreros Unidos (a quiénes se atribuye participación en el ataque). Por otro está el gobierno de Guerrero —y en particular la figura del ahora gobernador con licencia Ángel Aguirre Rivero—: con su inacción sólo agravó la crisis social y política que este terrible suceso desató, dando largas mientras buscaba que el gobierno federal actuara. Éste, mientras tanto, se dedicó a minimizar lo ocurrido como un problema local. Decidió lavarse las manos, aún cuando, de acuerdo a reportes de Proceso en su número 1981, sabían de la gravedad de la situación criminal y política desde el año pasado. La participación (por acción u omisión) gubernamental sólo ha expuesto con más detalle la relación que hay con el crimen organizado; así como la forma en que es de interés común combatir a las organizaciones de lucha social. No olvidemos también que el proceso electoral federal 2015 ya inició; por lo que, si de por sí buscan las maneras de NO actuar, cada una de las partes buscará deslindarse para no afectar a los partidos políticos que representan.

A este respecto, el diario español El País publicaba el 12 de octubre un artículo titulado “¿Por qué el crimen organizado atenta contra la sociedad civil en México?” Su análisis es interesante, pero hay dos elementos que vale la pena rescatar: el primero es la participación política del crimen organizado en el orden municipal, como parte de una estrategia de reacomodo de fuerzas mediante el ejercicio de cargos públicos. La finalidad de esto es facilitar la realización de sus actividades; desde el plantío y el transporte de drogas, pasando por la extorsión y la desaparición forzada de rivales. El segundo punto es el problema de cómo concebir este nuevo escenario; como menciona al final:

Entender la masacre solamente como un repudiable acto del crimen organizado es atender al presente sin entender el pasado. Pero interpretar este abominable hecho solamente como un crimen de Estado es mirar al presente con ojos del pasado. Para evitar que la masacre derive en un estallido social, el gobierno federal y la sociedad civil tendrán que atender tanto lo criminal –en toda su nueva complejidad ahora que los grupos criminales quieren reconstituir la política local– como lo Estatal —con la dificultad que conlleva que el Estado se vea en el espejo de la violencia. Lo cierto es que un mejor futuro para Guerrero se podrá fincar solamente cuando le pongamos fin a una larga historia de impunidad política que alimenta y le da vida a un presente de violencia criminal.

Estamos en una nueva articulación de la violencia producto de las decisiones políticas. Walter Benjamin, al escribir Para una crítica de la violencia en 1921, recordaba que el derecho se constituía como aquél que detentaba la violencia; no para defender a la población de ésta, sino para evitar que se ejerciera contra el derecho mismo. De ahí que el criminal, en las sociedades de derecho, era visto como héroe: ejercía la violencia que el derecho se arengaba contra éste, rompía su normatividad y establecía un nuevo orden, un nuevo derecho. El problema es cuando dicho criminal rompe el derecho, con su propia violencia, pero el nuevo orden que establece perjudica por igual tanto al viejo derecho como a los sujetos que éste sometía. Es lo que ocurre hoy día con la relación entre gobierno y criminales. No es simplemente una supeditación del primero al segundo, es una nueva configuración que nace de ambos y empieza a trastocar las normas para construir una nueva correlación de fuerzas, sustentada en un sistema paralelo dónde los límites del derecho se diluyen, apoyados por los instrumentos que este derecho define.

Y para muestra no está sólo Ayotzinapa: está el caso de Tlatlaya, donde 22 personas fueron asesinadas por elementos del Ejército mexicano en lo que cada vez más se ve como una ejecución extrajudicial; todo el estado de Michoacán; las desapariciones forzadas de mujeres (y toda la violencia contra la mujer por ser mujer), niñas y niños —58 mujeres desaparecidas en Puebla, las mujeres con perfil similar que desaparecen en el Estado de México, y cuyas madres son agredidas—, así como migrantes por parte de los cárteles del narcotráficolas fosas que día a día aparecen mientras más gente desaparecen, y por último, no por ello menos importante, la tuitera en Tamaulipas asesinada por el narcotráfico. Las extorsiones que se han vuelto rutinarias no sólo en territorio del narcotráfico sino en todo el país, ya sean telefónicas o el derecho de piso que pagan comerciantes y empresas. El actual estado de violencia en México no queda sólo en crimen organizado o crimen de Estado: nos enfrentamos a una nueva situación sociopolítica que nace del encuentro de esos extremos. Nos enfrentamos ante la deshumanización de lo político.

¿A qué me refiero con ello? Cada día vemos cómo el campo político —sus prácticas, sus normas y sus fundamentos— se alejan de las personas; se convierten en un lugar dónde lo importante es la supervivencia del campo en sí y de sus agentes. Es un campo cerrado, que se vuelve ajeno a las implicaciones de sus acciones en otros campos y en las personas que participan de ellos. El proceso de violencia que vivimos es el síntoma de esta deshumanización: los agentes institucionales —el gobierno, el sistema judicial, los partidos políticos y los organismos autónomos (CNDH en particular)— se dedican más a proteger su imagen pública para poder seguir participando de la dinámica política, antes que atender las crisis que sus decisiones generan en la población en general. Y es que basta con ver las declaraciones que se dan día a día, y que reflejan la postura de éstos frente a la problemática nacional: el Gobierno Federal tratando —de manera fallida— de cubrir ante instancias internacionales el grado de descomposición que la violencia produce (cuando medios como The New York TimesThe Economist hacen eco y demandan acción ante ésta); los gobiernos estatales cerrándose a la participación de otras instituciones gubernamentales o civiles, y ni qué decir de los gobiernos municipales, que se han convertido en cajas chicas de las y los presidentes en turno. Por su parte el sistema judicial —cada vez más carente de credibilidad y confianza por parte de la población— se encuentra, en el mejor de los casos, rebasado para poder impartir una justicia día a día más ausente; aunque cada vez se expone más y más como el centro de la corrupción recurrente de nuestro país. Y ni qué decir de organismos autónomos como el Instituto Nacional Electoral (INE) o el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI): sometidos ante los intereses partidistas y las pugnas que cada vez más acortan su capacidad de acción política y contrapeso al ejercicio del poder político, dejan de servir como contrapesos y controles del ejercicio del poder político.

Mención aparte merece la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Si hay un punto en particular donde se materializa la deshumanización de lo político es aquí. El organismo autónomo creado para apoyar la defensa de la población ante los abusos de poder político y del uso de la fuerza ha sido una nulidad a lo largo de este proceso de violencia (cierto es que sus limitantes jurídicas le impiden, como al INE y el IFAI, actuar con mayor fuerza frente al poder político). La cercanía que Raúl Plascencia Villanueva (presidente) tiene con los gobiernos federal y estatales, emparejada con las omisiones que la Comisión ha tenido ante las denuncias que se le presentan en todo el país; hacen de ésta un organismo ineficaz y en muchos casos servil ante los abusos de autoridad. Antes que preocuparse por asistir y apoyar a las personas, al Presidente de la CNDH le interesa fortalecer sus relaciones políticas para continuar siendo relevante; y así poder reelegirse en un nuevo periodo. ¿Qué esperanza tenemos las personas en México, cuando el organismo fundamental para garantizar un ejercicio expedito de la justicia se calla ante la falta de ésta?

Hay una segunda dimensión de la deshumanización de lo político, y para ello basta ver las desapariciones forzadas como su máxima expresión. No sólo de normalistas: los hay de hombres y mujeres, de niñas y niños, de migrantes, de policías (aunque sean parte del aparato represor gubernamental, no dejan de ser personas y también son desaparecidos), de periodistas, de defensoras y defensores de derechos humanos, de la tierra, de los recursos naturales, promotores de la participación. La desaparición forzada ya no distingue, puede llamarse un acto desclasado. Ya no importa quién eres, sólo importa que a alguien le interese tu desaparición para ser inmediatamente un peligro: desaparecerte porque le estorbas, porque hablas de aquello que debe callarse, porque haces lo que no debe hacerse, porque tu cuerpo sirve para satisfacer el deseo sexual de alguien más, o tu mano de obra le sirve a alguien que no quiere pagarte. Quien se encarga de desaparecer personas puede ser funcionaria o funcionario público, criminal, alguien quien simplemente decida resolver el problema asesinando y desapareciendo el cuerpo (porque la desaparición forzada no es sólo el secuestro, también están las y los muertos que terminan en fosas clandestinas, o de los que simplemente no se sabe dónde terminan). ¿Qué hemos hecho como comunidad, como país, para que sea permisible y aceptado desaparecer sin más a una persona para solucionar un problema o conflicto?

Ocurre en todo el país: ya sean las muertas de Juárez, las mujeres del Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Distrito Federal, en Guanajuato y Querétaro (donde presumen la paz mientras desaparecen 200 personas); ni qué decir de la nada en que se ha convertido el sureste del país para las y los migrantes de Centroamérica, del Caribe, toda esa gente que se convierte en víctima con el hecho de entrar en territorio nacional. Se ha dado una verdadera desterritorialización de la desaparición forzada, porque incluso ya no importa dónde aparezcan los desaparecidos, o dónde desaparezcan: desde el momento en que desaparecen, también desaparecen los límites, las jurisdicciones, desaparece la posibilidad de materializar a esa persona.

Ahí reside la deshumanización de lo político. En sus orígenes, lo político es propiamente humano, implica a personas, que son diferentes entre sí, seres que pueden construir y transformar el mundo, no sólo a través de su trabajo físico sino también de la palabra. Lo político se da cuando las personas, que viven y cohabitan entre sí, tienen qué decidir sobre lo que les concierne en conjunto, qué hacer, principalmente para que todas y todos puedan seguir viviendo plenamente. Es ahí donde entran en juego esos mundos que cada una encarna, pues es en el encuentro de éstos dónde nace lo público; lo que nos es propio. La violencia que representan las desapariciones forzadas en nuestro país son parte de las nuevas dinámicas políticas que la deshumanización implica. Se trata de callar esas diferencias, de imponer por la fuerza una visión del mundo, y no escatimar recursos para eliminar en su totalidad tanto esos mundos como sus condiciones de posibilidad (de ahí que el último encuentro entre violencia y política, Ayotzinapa, sea la más viva muestra de ello. Basta ver la fotografía de Julio César Mondragón, desollado en el ataque a los normalistas: remover la cara como la máxima expresión de que en la nueva política no hay lugar para ser diferente, para tener una cara).

Velas y barricadas

Advertencias del colapso. Marcha “Una luz por Ayotzinapa”, 22/10/2014, Ciudad de México.

Frente a este deshumanización de lo político nos encontramos con las subversiones; con las oposiciones que luchan día a día para no permitir que esta forma de lo político prevalezca. Son personas, grupos, organizaciones que defienden y promueven sus proyectos, sus mundos y la posibilidad de construir un campo político en el que todos ellos tengan lugar. Son personas que enfrentan la clausura ante sus posiciones y que, sobre todo, son objeto primero de esa violencia. Y la primera forma de violencia es la que enfrentan al querer relacionarse entre ellos. La dinámica corporativa del sistema político —donde se atomiza a la sociedad en grupos diferenciados (cuerpos) con los que el régimen maneja y administra el conflicto, evitando se relacionen en ellos al particularizar sus demandas— evita establecer puentes claros de comunicación entre los diferentes grupos y movimientos sociales. Un ejemplo claro es la situación actual en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), donde el Secretario de Gobernación (encargado de la política interior del país) atajó de raíz el movimiento #TodosSomosPolitécnico y lo aisló, logrando que la pronta respuesta gubernamental evitara su articulación con otros movimientos estudiantiles y sociales en defensa de la educación pública.

A esto es a lo que llamo los archipiélagos subversivos: agregados de organizaciones y movimientos sociales que, aislados como islas en el inmenso mar que es el sistema político, se encuentran imposibilitados de construir puentes para articular en conjunto un gran proyecto político que haga contrapeso ante el proyecto político gobernante. Cierto es que hay momentos de crisis como éste en que los diferentes archipiélagos se manifiestan y dan con un punto de encuentro. Sin embargo, el problema empieza cuando se construye sobre este punto. Parte de la cultura política en nuestro país, nuestros valores y perspectivas, entran en juego al llegar a este reconocimiento de los proyectos alternativos. Todas y todos tenemos una idea de cómo resolver las problemáticas del país, sin embargo, el conflicto inicia al querer realizarlas. Entran en la discusión los programas y los puntos de separación resultan más que los puntos de acercamiento. Hay proyectos que chocan en sus fundamentos, mientras otros lo hacen en sus propuestas.

La cuestión está en qué hacer para lograr construir sobre ese punto de encuentro, establecer esos puentes que permitan relacionar más allá de las demandas la lucha por un proyecto de país, por construir un nuevo sentido y una identidad en la que tengan cabida todos esos mundos que son nuestra realidad nacional. En momentos como éste —donde nos enfrentamos a la faceta más brutal y destructiva del proyecto dominante: la faceta de barredora en la que se busca la homologación por medio de la violencia— se hace necesario pensar no cómo dar voz a nuestras demandas, o criticar que se dé voz a un problema mientras que otro quede silenciado, sino pensar cómo hermanar nuestras demandas para poder así actuar en conjunto. Comprender que la lucha por los normalistas desaparecidos, es también la lucha por las mujeres desaparecidas, por los migrantes desaparecidos, por los activistas y periodistas asesinados, por la justicia desaparecida. Lo último que necesitamos es seguir perpetuando la deshumanización de lo político mediante la perpetuidad de los archipiélagos subversivos; necesitamos empezar a abonar tierra para que ese océano del sistema político —hecho con nuestra sangre, con nosotros, los que morimos por la política— se seque.

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