Ayotzinapa: violencia y crisis de sentido en México

Por aquellas mujeres y niñas, así como aquellos compañeros normalistas que nos faltan:

– Abel García Hernández
– Abelardo Vázquez Peniten
– Adán Abrajan de la Cruz
– Alexander Mora Venancio
– Antonio Santana Maestro
– Benjamín Ascencio Bautista
– Bernardo Flores Alcaraz
– Carlos Iván Ramírez Villarreal
– Carlos Lorenzo Hernández Muñoz
– César Manuel González Hernández
– Christian Alfonso Rodríguez Telumbre
– Christian Tomas Colon Garnica
– Cutberto Ortiz Ramos
– Dorian González Parral
– Emiliano Alen Gaspar de la Cruz.
– Everardo Rodríguez Bello
– Felipe Arnulfo Rosas
– Giovanni Galindes Guerrero
– Israel Caballero Sánchez
– Israel Jacinto Lugardo
– Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa
– Jonas Trujillo González
– Jorge Álvarez Nava
– Jorge Aníbal Cruz Mendoza
– Jorge Antonio Tizapa Legideño
– Jorge Luis González Parral
– José Ángel Campos Cantor
– José Ángel Navarrete González
-José Eduardo Bartolo Tlatempa
-José Luis Luna Torres
-Jhosivani Guerrero de la Cruz
-Julio César López Patolzin
-Leonel Castro Abarca
-Luis Ángel Abarca Carrillo
-Luis Ángel Francisco Arzola
-Magdaleno Rubén Lauro Villegas
-Marcial Pablo Baranda
-Marco Antonio Gómez Molina
-Martín Getsemany Sánchez García
-Mauricio Ortega Valerio
-Miguel Ángel Hernández Martínez
-Miguel Ángel Mendoza Zacarías
-Saúl Bruno García

No me disculpo ante la imagen que encabeza este texto. Antes invito a ustedes, lectoras y lectores, a observarla con detenimiento. No, esa imagen no es de ningún país extranjero, de algún territorio donde un grupo fundamentalista de cualquier afiliación instale el terror desollando a sus víctimas. La persona en la foto no es militante de algún grupo político o guerrillero. Lo que ustedes verán es lo que pasa aquí, en México, en el año 2014. La persona ahí retratada (me niego a nombrarla de otra forma), es mexicana, y el día 26 de septiembre fue asesinada por las fuerzas policiacas del municipio de Iguala, en Guerrero.

La agresión y desaparición de 57 normalistas —pertenecientes a la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos y ubicada en Ayotzinapa, municipio de Tixtla en Guerrero— es un episodio más, uno de dolor, sangre y ausencias, que define y explica la situación política y social del estado y del país. En el caso de Guerrero, es un paso más de la violencia gubernamental en torno a la organización social–rural por la defensa de los derechos de las comunidades de la sierra y de la población del Estado. En el caso del país, es una muestra más de la respuesta oficial ante las disidencias que exponen las fallas y cerrazones que caracterizan el ejercicio del poder político.

Lo que me interesa, sin embargo, es la respuesta de la población mexicana —indistinta de edad u otras clasificaciones— ante estos problemas políticos y sociales. La respuesta gubernamental es comúnmente la misma: el silencio, la ignorancia, la inacción. Comunicados oficiales, desplegados, demandas con frases trilladas que, más que reflejar su interés, exponen la indiferencia del régimen ante situaciones como éstas que desgarran la sociedad mexicana, exponen sus vacíos y amplían las heridas que se le hacen día a día.

¿Cómo respondemos como población ante esto? Cierto es que organizaciones sociales de diferentes afiliaciones han actuado y trabajan con familiares, compañeras y compañeros de los normalistas para lograr la pronta aparición de los desaparecidos, ¿pero qué pasa con la población que no está organizada, que no toma parte en acciones colectivas? La respuesta es brutal: la indiferencia, la ignorancia… el olvido. Y lo peor: la normalización y aceptación silenciosa de la situación. Decía una reportera de Al Jazeera América respecto a la situación en Ferguson, Missouri: A la gente que pide que los manifestantes dejen de protestar y regresen a la normalidad, recuerden que la normalidad es la que nos lleva a protestar en primer lugar. Esta frase expone con claridad la respuesta que la población tiene frente a las personas organizadas que demandan la solución de conflictos y problemas como el vivido hoy día en Ayotzinapa.

Es común, al participar en una protesta o estar en torno a una, observar a personas reclamarles a las y los manifestantes que en lugar de protestar se pongan a trabajar, que respeten los derechos de las personas que no protestan, sin mencionar a aquellos que agreden abiertamente a quienes participan en las movilizaciones. En las pláticas que tenemos con nuestras amistades, familiares y/o conocidos, no es raro escuchar a alguien que considera que las protestas no llevan a nada y sólo generan más problemas que los que solucionan. ¿A qué se deben estas respuestas, a qué se debe esta concepción en el imaginario social de la protesta como acción política?

Una respuesta reiterada es la cuestión de una sociedad individualizada, atomizada, que nos hace egoístas y obtusos ante nuestro entorno. Pero es algo más todavía, es una crisis de sentido, un problema profundo cuyo síntoma más agudo es la violencia que vivimos día a día. Cuando, como población, nuestra respuesta a un ambiente de violencia es la indiferencia, el aceptar pasivamente portadas de periódicos con personas asesinadas, descuartizadas; donde la desaparición no sólo de normalistas, sino de mujeres, niñas, hombres y adolescentes no causa alarma; donde el asalto a mano armada es una cuestión que se sabe a voces; cuando todo esto ocurre y no existe una respuesta mínima ante ello, sabes que no es sólo nuestra alienación respecto a los problemas, sino que no existe un motivo, un impulso, un punto común que nos lleve a hacer algo al respecto.

Ese punto común es el sentido, la dirección hacia donde nos vemos como personas. Para poder plantear ese punto, es necesario saber qué y quiénes somos. Y eso es lo que hoy día no sabemos. La violencia es un síntoma de esta crisis de sentido, pues las diferentes expresiones sociales que viven y conviven en nuestro territorio luchan día a día por imponer y establecer su visión del mundo frente a las demás. En este orden, el primero en violentar y poner en crisis el sentido de México y su población es el mismo gobierno.

Lo hace al ejecutar e implementar su proyecto de gobierno en las comunidades, sobre las personas tangibles —llámese reforma hacendaria, reforma educativa, reforma energética—, actuando de manera unilateral. Sus defensores dirán que el gobierno, al ser el “legalmente” constituido como representante del “pueblo”, tiene el derecho y la obligación de ejecutar sus acciones sin consultar a la población, ya que ésta, a través del voto, ha cedido su capacidad de decisión al mismo. Sin embargo, eso no es del todo cierto. En primer lugar porque la función del gobierno es la de garantizar el bienestar de la población, y realizar acciones en consecución de dicho principio. El juramento que realiza el Presidente de la República al asumir su cargo, de acuerdo con el artículo 87 constitucional, lo establece. De igual manera, es el principio que rige la creación de leyes y que se refleja en la parte dogmática de la misma constitución, las garantías individuales, que ya reconocen el marco jurídico internacional en materia de derechos humanos.

Sin embargo, las acciones de gobierno que vemos día a día documentadas en los noticieros y periódicos nos exponen que dichas decisiones afectan cada vez más a poblaciones y comunidades de diferentes lugares y características. Más que lograr el beneficio público, logran el perjuicio público. Cuando la población afectada decide manifestarse y demandar el respeto de sus derechos, la respuesta del gobierno es el cierre, el silencio, y la abierta represión. El gobierno, que se supone está constituido para representarnos, es el primero en negar las garantías individuales que se supone debe defender. Esa violencia, es la primera que nos pone en una encrucijada: ¿Somos lo que el gobierno quiere que seamos en su proyecto, o somos algo más que dicho proyecto no encarna?

Esto nos lleva a un segundo problema de violencia. Ante la respuesta institucional que las personas, organizaciones y comunidades reciben, buscan otros mecanismos para hacer oír sus voces. Uno ya comentado es la manifestación, las marchas y plantones. Cuando esa estrategia falla, se encuentra la desobediencia civil. Pero cuando eso falla, y la respuesta es sólo el aumento de la violencia contra esas personas, organizaciones o comunidades, es cuando llegamos a la violencia física, material. Los hechos ocurridos en el Palacio de gobierno de Chilpancingo son una muestra de ello. ¿Aceptables? No. ¿Explicables? Sin duda. Cuando el gobierno te recibe con balas, con toletazos, destruyendo tus instalaciones, mermando tus derechos, y encima busca tu sumisión política, ¿qué esperan? Como mencioné en un principio, esto no es nuevo: es producto de más de 50 años de luchas políticas en el estado, de pugnas ante las cuales los recursos y los mecanismos, así como las posturas de los participantes han sido las mismas. El problema está en que el gobierno, actor principal en la respuesta represora hacia los normalistas, no ha aprendido nada en 50 años, no tiene conciencia histórica.

Y ahí reside un tercer problema de violencia: cómo se conciben los ejecutores de la violencia institucional. Esto trae a mi mente el problema que analiza Hannah Arendt en Eichmann en Jerusalem. Un reporte sobre la banalidad del mal: Eichmann, oficial nazi encargado de atender los asuntos de la cuestión judía en el Tercer Reich, al ser enjuiciado, fundó su defensa en el principio que él, al ser sólo un oficial que seguía órdenes, no tenía responsabilidad alguna por el destino de la población judía que era objeto de sus acciones. La reflexión y exposición de Arendt presenta que Eichmann, en realidad, era sólo un burócrata; la máxima expresión de la modernidad: un hombre que cumplía una función en una estructura administrativa, y que no se requería de él mayor capacidad que la ejecución de las acciones que se le demandaban. Y ahí residía la banalidad del mal: el mal no es un acto consciente, dónde la persona tenga la intención de causar el daño a otra persona o comunidad con su actos. Es más bien una cuestión de omisión de conciencia, donde la persona que realiza este mal no lo considera tal porque para él está cumpliendo un objetivo de bienestar mayor del cuál está convencido, sin considerar las consecuencias de los actos en quienes son objeto de ellos.

Al ver a los agentes gubernamentales hablar en sus discursos y participaciones públicas, no puedo dejar de pensar en Eichmann: un burócrata que actúa irreflexiva y acríticamente, sin conciencia de su posición y de las consecuencias de sus actos. Para el gobierno, su programa no es malo, al contrario, es el que finalmente traerá la modernidad que no deja de llegar. Y sin embargo, nos hunde y desgarra más y más hacia un vacío de sentido que nos vuelve objeto de una inmovilidad social. El primer punto de ese vacío está en la incapacidad de establecer un diálogo; ya que, por un lado, el gobierno se niega a aceptar voces disidentes o críticas que le exponen las deficiencias y peligros del programa que ejerce y, por otro lado, está el hartazgo de las personas que han sufrido las decisiones gubernamentales.

Y en medio de este vacío de diálogo, que precede al vacío de sentido, se encuentra el cuarto problema de violencia: la población que no participa de los problemas que las organizaciones, personas y comunidades buscan solucionar. Ante este vacío de sentido, crisis de sentido e identidad como mencioné, se plantea uno la pregunta: ¿a quién creerle? ¿Quién está en lo cierto? La gente, que vive en medio de sus propios problemas (falta de empleo, de dinero, de vivienda, de educación, falta de una vida en bien–estar), se divide entre tomar parte o no de los problemas. Y por un lado, el proyecto de gobierno está diseñado para fomentar la inacción política, ya que nos vende la ficción de que, si dejamos al gobierno trabajar, nuestros problemas se solucionarán; y por otro, los problemas y formas de acción política de la población organizada no se sienten como propios, o como apropiados.

Esto nos lleva al quinto problema de violencia, que planteé al inicio de esta reflexión: la respuesta de la gente que está en medio de ese vacío. La indiferencia, el olvido, reflejan una aceptación resignada del estado de cosas. ¿Se puede culpar a las personas por tomar esta postura? ¿Qué alternativas se les ofrece, de qué manera se les incluye? Aquí lo que se encuentra es una ausencia de conciencia histórica en la población. Y el problema está en quienes podrían incidir para construirla.

El gobierno, por su parte, se encarga de destruirla con programas educativos enfocados a convertir a la persona en autómata, entrenada sólo para ejecutar acciones y no para actuar y tomar parte de las decisiones. Esto es necesario para la efectividad del plan gubernamental, cosa que las y los maestros normalistas combaten. Lamentablemente el control y establecimiento de la agenda política por parte de los medios masivos de comunicación, otro agente que participa en el vacío de sentido, construye representaciones negativas de las disidencias sociales, y establece marcos de referencia que sentencia al rezago y la marginalidad a la oposición gubernamental, a esas disidencias que presentan otro México que es posible.

Y es que la participación de los medios masivos de comunicación, un agente que no había mencionado, sin duda es crucial en la comprensión de esta crisis de sentido. La relación tan servicial y sin distinciones entre medios y gobierno, construye una visión del mundo, una visión de México tan irreal, tan alejada y sin embargo por ello poderosa, que genera la imposibilidad de tomar parte por esa concepción del otro México que construyen las personas que defienden y pelean por los derechos de otras personas y de otras comunidades. Los proyectos que ellos presentan son marcados como extremistas, violentos, ilegales, cuando sólo son contrarios. Lo peor del caso está en que los medios son el único espacio dónde se podría construir un diálogo entre las partes, entre esos Méxicos, y sin embargo no es así, los medios son los primeros en cerrar las puertas y negar la existencia o condición de posibilidad de los Méxicos que no son el que ellos conciben de la mano con el gobierno.

Ante este escenario, es necesario, es fundamental que nos planteemos una cosa, algo que puede servir como punto de partida para solucionar y superar nuestra crisis de sentido y de identidad: Más allá de los problemas personales y sociales que vivimos día a día, de las diferencias que tengamos respecto a cómo solucionarlos y cómo vivir día a día, cada una y uno de nosotros podemos ser ese normalista–mujer–campesina–adolescente–y demás personas asesinadas, reprimidas, desaparecidas, subyugadas por el gobierno y otros agentes violentos (sea el narco, caciques, líderes sindicales o comunitarios que buscan el beneficio personal sobre el común). La normalidad que anhelan regrese es la que lleva a la gente a protestar, ya que esa normalidad es la violencia que ejerce(mos) hacia la otra o el otro. Más allá de ideologías y posiciones, se trata de vidas humanas, y por eso mismo tienen los mismos derechos y prerrogativas que tenemos.

Sólo así podremos dar el primer paso para superar nuestra crisis de sentido.

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